Sistema Jurídico

NACIONAL de MÉXICO

En México, ésta es la legislación en materia de derechos de las mujeres, cabe señalar que existen otras para la ​protección de los derechos humanos de las mujeres, como el Código Penal Federal, mismo que contiene ​disposiciones específicas que sancionan delitos contra las mujeres, como el feminicidio; la Ley de los Derechos de ​las Personas Adultas Mayores que incluye disposiciones para proteger los derechos de las mujeres mayores; la ​Ley Federal de Trabajo que contiene disposiciones específicas para la protección de los derechos laborales de las ​mujeres, incluyendo la igualdad de salario y la protección durante el embarazo; así como la Ley de Salud que ​incluye disposiciones para garantizar el acceso de las mujeres a servicios de salud, incluyendo la salud ​reproductiva.

20​03

Esta ley incluye disposiciones específicas para la protección de los derechos de las mujeres.

2006​

Esta ley establece un marco jurídico para promover la igualdad de género y garantizar que ​hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos.

2007​

Esta ley contempla mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia c​ontra las mujeres.

2011​

Las reformas constitucionales de 2011 en México han tenido un impacto significativo en la ​promoción de la igualdad de género:


Reconocimiento y Protección de Derechos Humanos:

Al elevar los derechos humanos a un rango constitucional y reconocer los tratados ​internacionales de los que es parte, se fortalece la protección de los derechos de las ​mujeres y se impulsa la igualdad de género


Prohibición de la Discriminación:

La ampliación de la prohibición de la discriminación incluye específicamente la no ​discriminación por género y preferencias sexuales, lo cual promueve un entorno más ​igualitario.


Principio Pro Persona:

La interpretación de normas a favor de la persona beneficia a las mujeres, asegurando que ​cualquier ambigüedad legal se resuelva en favor de la protección de sus derechos.


Obligación de las Autoridades:​

Las autoridades están obligadas a garantizar y promover los derechos humanos de todas​ las personas, incluidas las mujeres, lo que demuestra un compromiso institucional con la​ igualdad de género.​

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